Sin embargo, la apuesta -sin precedentes- del Gobierno por exponer los primeros borradores de la LSSI en la Red para recibir las recomendaciones oportunas por parte de empresas, colectivos y particulares, así como la demora en la recepción de algunos dictámenes terminaron por magnificar la polémica que rodeó al anteproyecto desde su mismo nacimiento.

La idoneidad de la estrategia utilizada también fue puesta en entredicho por el hecho de que desde el 30 de abril, cuando se expuso en el web del MCYT el tercer borrador, ningún otro texto oficial ha sido dado a conocer en Internet.

Fuentes ministeriales han señalado que la ausencia de actualizaciones de los documentos provisionales tras los informes del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Agencia de Protección de Datos, estaba prevista desde un principio, negando las acusaciones de falta de transparencia.

Internautas divididos
Con la publicación de los borradores, la comunidad internauta se dividió de inmediato entre partidarios y detractores. En el mes de mayo estalló una campaña en la que los más críticos pusieron el grito al cielo al augurar el fin de un "Internet libre, al convertir el suministro de información en una actividad económica regulada", y considerar que la LSSI iba más allá que la directiva europea.

Diversos colectivos iniciaron campañas online para derribar un articulado que nació bajo el signo de la polémica. Las distintas redacciones respecto a la regulación del correo masivo ('spam'), la diferencia entre webs personales y aquellos de comercio electrónico lucrativo, o la posibilidad de que la Administración tuviera potestad para decretar el cierre cautelar de un sitio en lugar de un juez, fueron algunos de los argumentos más esgrimidos para expresar su disconformidad con respecto a la LSSI.

El MCYT recibió durante estos siete meses múltiples propuestas de 66 entidades -entre ellas empresas como IBM, Telefónica y patronales del sector como AECE o SEDISI-, algunas de las cuales fueron incorporadas a los textos de trabajo. Asociaciones de internautas y partidos políticos también tomaron parte en el debate por regular por primera vez Internet.

Recelos en la oposición
Los partidos políticos de la oposición también expresaron sus dudas al respecto de la voluntad de transparencia del MCYT. En el mes de septiembre, diversos grupos del Senado hicieron llegar un escrito a su presidenta, Esperanza Aguirre, en el que solicitaban toda la información disponible referente a la LSSI (dictámenes, aportaciones, etc).

Todavía la están esperando, y, por ese motivo, hace una semana, el portavoz socialista de la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento de la Cámara Alta, Félix Lavilla, dirigió una carta a la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, en la que insistía en solicitar la documentación, alegando el "excesivo tiempo transcurrido", sin que se justificara tal demora.

Con la recepción de los tres últimos dictámenes, el texto ha sufrido las últimas modificaciones antes de convertirse en Proyecto de Ley. El primero, el informe de la Comisión Europea llegó a finales de verano; el segundo, el del Consejo General del Poder Judicial, se produjo a principios de diciembre y fue uno de los más esperados.

Las dudas suscitadas sobre si afectaba a los derechos fundamentales de las personas quedaron disipadas al sufrir numerosos retoques técnicos, pero sin poner en duda su legalidad. Tan sólo el voto discrepante de uno de sus vocales dio pie a que los más escépticos volviera a expresar sus dudas.

Finalmente, la remisión del informe del Consejo de Estado, un amplio texto de casi ochenta páginas, a finales de enero, permitió que los cuatro ministerios implicados -MCYT, Justicia, Economía y Sanidad y Consumo- concluyeran el texto que se presentó ante el Consejo de Ministros, punto de partida para su tramitación parlamentaria.