Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante
 
3 / 05 / 2018   -   Noticias de prensa
 
La selva de los permisos retribuidos
A raíz de la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo nº145/2018, de 18 de febrero de 2018, que casa y anula la sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de julio de 2016, se confirma la tendencia del Alto Tribunal de considerar como primer día de cómputo de un permiso retribuido el primer día lectivo o hábil siguiente al festivo en el que se produjo el hecho causante. Aunque la sentencia se centra en el conflicto colectivo generado por la interpretación de un convenio colectivo – sector del contact center- y la interpretación de supuestos concretos –nacimiento de hijo, fallecimiento de familiar y matrimonio- lo cierto es que el criterio de cómputo parecería extensible al resto de hechos causantes regulados por el art. 37 del Estatuto de los Trabajadores que no establezcan nada en contrario. Esta sentencia aunque no supone una novedad, es una confirmación de unas reglas ya interpretadas en el año 2010 (STS 21 de septiembre) que aclara, más por ratificación que por ampliación explicativa del criterio, la cuestión del inicio del cómputo de un permiso; sin embargo, sigue dejando aún muchas dudas sin resolver y generando algunas nuevas.
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La tarifa plana no es para todos los autónomos. Estos son los límites
La tarifa plana para autónomos es una bonificación sobre las cuotas a la Seguridad Social que debe pagar todo nuevo trabajador autónomo. Sin embargo, no todos los nuevos trabajadores por cuenta propia tienen derecho a las mismas. Es importante tener en cuenta dichas limitaciones, puesto que algunas de ellas han sido recientemente modificadas, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Autónomos. Una norma que, además, ha aumentado el interés por esta bonificación, puesto que las ayudas se prolongarán por más tiempo. Con anterioridad, el autónomo que escogiera la base mínima de cotización tenía que pagar 50 euros durante los seis primeros meses. Ahora, esta ayuda inicial se prolonga hasta completar un año. Pero, como indicábamos al inicio del artículo, no todos los autónomos pueden acogerse a esta ayuda inicial. A continuación te explicamos cuáles son las limitaciones que impone la Seguridad Social:
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Así deben amoldarse pymes y autónomos al nuevo RGPD
El próximo 25 de mayo se cumple la fecha límite para que las empresas implanten el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Autónomos y pymes también deberán adoptar las medidas que incorpore la nueva normativa. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) afectará a cualquier persona o empresa que recopile o utilice datos personales de terceros de cualquier parte de la UE. Sin embargo, según un reciente estudio realizado por Sage, más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas (el 52%) no conocen el nuevo reglamento o no están familiarizadas con él. En el mismo informe, una de cada tres pymes reconoce que no llegaría a tiempo para implantar los requisitos de la normativa, y el 22%, de hecho, asegura no contar con los recursos necesarios para poder llevar a cabo la adaptación.
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El empleado puede rectificar su dimisión hasta el último día del plazo de preaviso
La justicia da una segunda oportunidad a los trabajadores que se arrepientan de la decisión de renunciar a su puesto. Así, según establece una reciente sentencia de un Juzgado de lo Social de Toledo (acceda aquí al texto), el empleado tiene hasta el último día del periodo legal de preaviso para rectificar su dimisión. La resolución declara improcedente el despido de una trabajadora que reconsideró su renuncia y así se lo comunicó a la empresa antes de que concluyeran los 15 días de preaviso. De este modo, la compañía, que en primera instancia se negó a admitir la rectificación y dio por extinguido el contrato de trabajo, tendrá que readmitir a la empleada o pagarle una indemnización.
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El Supremo fija cuándo es obligatorio el reconocimiento médico de la empresa
El Tribunal Supremo ha aclarado en qué circunstancias una empresa puede obligar a sus empleados a someterse al reconocimiento médico. Un trámite que, tal y como consagra la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en virtud del derecho a la intimidad de los empleados, requiere su previo consentimiento. Sin embargo, según subraya una reciente sentencia, la intimidad del trabajador cede en algunos casos a un "interés preponderante", como es la integridad física o la salud del otros empleados o de terceras personas. En el litigio se estudia la demanda planteada por los sindicatos contra la obligación de someterse a un reconocimiento periódico impuesta por una empresa de seguridad a sus vigilantes.
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La nueva PAC deja en el aire las ayudas al 80% de los agricultores de la Comunidad
La Comisión Europea presentó ayer su primera propuesta para el próximo presupuesto de la UE, que abarca desde 2021 hasta 2027, en el que plantea recortar los fondos de la Política Agraria Común (PAC) un 5% en comparación con el período anterior, con lo que quedarían en 365.000 millones de euros, según aseguró ayer el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado. La nueva PAC destaca la figura del agricultor sobre el que concentrar las ayudas directas de forma prioritaria y que ahora Bruselas insiste con este concepto: el de «agricultor genuino». En la práctica, esa definición podría dejar sin fondos al 80% de los profesionales a tiempo parcial en la autonomía, que son los que tiene el campo de la Comunidad dominado sobre todo por estructuras minifundistas. Según datos de la Seguridad Social, la autonomía tan solo cuenta en la actualidad con algo más de 53.000 afiliaciones en el Régimen General Agrario.
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El coste de las bajas laborales se dispara en 1.000 millones
El aumento de las bajas por enfermedad y del absentismo laboral se ha convertido en la otra gran amenaza para la sostenibilidad de la Seguridad Social. Su dimensión no llega, ni de lejos, al coste de las pensiones. La suma de las contributivas y de las no contributivas absorberá este año 129.490 millones de los Presupuestos. Sin embargo, el gasto en Incapacidad Temporal (IT) no para de crecer. Y lo hace a un ritmo frenético. En 2016, las bajas laborales por enfermedad alcanzaron un coste de 5.970,59 millones, un 16% más que en 2015. Este año, la cifra rondará ya los 8.000 millones –en concreto, 7.980 millones–, lo que representa un incremento del 14,2% con respecto a los 6.986 millones de euros que se necesitaron en 2017 para sufragar estas prestaciones. En sólo dos años, el gasto por este concepto crecerá en 2.000 millones de euros, y aunque el Gobierno trata de quitarle hierro, lo cierto es que la cifra ha hecho saltar las alarmas en las empresas y en las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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