Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante
 
13 / 02 / 2018   -   Noticias de prensa
 
El Tribunal Supremo determinará si la prestación por maternidad está exenta o no del IRPF
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la abogacía del Estado contra la sentencia del TSJ Madrid que declaró la exención de las prestaciones de maternidad recibidas de la Seguridad Social.El revuelo se originó a raíz de la sentencia del TSJ Madrid de 6 de julio de 2016 (EDJ 128390) que, contraviniendo el criterio seguido hasta el momento por la Agencia Tributaria, dio la razón a la demandante al entender que la exención contenida en el art. 7 h) de la LIRPF alcanzaba también a las prestaciones por maternidad del INSS. El permiso de paternidad, de 28 días, también encajaría dentro del ámbito de la exención fiscal que defiende la sentencia. Además, el impacto de devolver el IRPF desde 2012 podría beneficiar a más de un millón de contribuyentes. Tras esta resolución, el TEAC unificó el criterio esgrimido por distintos tribunales económicos-administrativos regionales y determinó que la prestación por maternidad sí tributaba en el IRPF. De esta forma, se cerraba la vía administrativa para reclamar quedando abierta la vía judicial, con sentencias en ambos sentidos - en contra de la exención (TSJ Sevilla 27-10-16, EDJ 229588); a favor (TSJ Madrid 6-7-16 EDJ 128390), a la espera de un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo. Este pronunciamiento, que sentará jurisprudencia, va a zanjar de forma definitiva la cuestión sobre si las prestaciones públicas por maternidad recibidas de la Seguridad Social están o no exentas de IRPF. En concreto, el Auto del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2018 (EDJ 1130) aclara que:
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500 euros al mes para el autónomo o pyme que contrate en estas condiciones
Fundación Mapfre presenta esta iniciativa con 500 beneficiarios que contraten a mayores de edad que lleven inscritos en el desempleo al menos 2 meses. La Fundación Mapfre pone en marcha la VI Convocatorias de Ayudas al Empleo que permitirán a autónomos y pymes recibir una ayuda de hasta 500 euros mensuales por realizar contrataciones. Según han anunciado vía comunicado, para beneficiarse de esta medida, las contrataciones pueden ser de cualquier modalidad excepto por obras y servicios. Beneficiarán a parados mayores de edad que lleven, al menos, dos meses inscritos en el SEPE como desempleados. Para esta convocatoria, la fundación bonificará hasta 500 empresas; en ningún caso se otorgará más de una ayuda por solicitante. La cuantía final que irá a parar a cada pyme depende de las condiciones en que se produzca la contratación: puede ascender a 4.500 euros durante 9 meses si el contrato es a jornada completa (lo que supone 500 euros al mes). Si es a media jornada, ascenderá a 2.700 euros, 300 euros por mensualidad.
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Lo que puedo hacer con Certific@2, la aplicación de los Servicios de Empleo
Las pymes pueden emitir certificados de empresa, comunicar a la Seguridad Social un despido colectivo y reanudar las prestaciones de los afectados por un ERE. Cada vez son más las tramitaciones que las pymes y autónomos pueden realizar telemáticamente, facilitando sus labores administrativas y con un sistema abierto las 24 horas del día. Para ello, las administraciones públicas habilitan aplicaciones específicas, como Certific@2, una herramienta de los Servicios de Empleo Público Estatal (SEPE) dirigido a empresarios, colegiados profesionales e incluso a algunos trabajadores que están en conflicto con sus empresas.
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Errores de los abogados que acaban saliendo caros
El ejercicio del Derecho puede salir caro. En ocasiones, ante un resultado desfavorable, los clientes exigen explicaciones a sus abogados y, a veces, incluso llegan a sentarles en el banquillo para exigirles indemnizaciones por mala praxis o negligencia profesional. Si se confirma que no han cumplido con sus obligaciones, las consecuencias económicas para los bolsillos de los profesionales (y para las compañías que aseguran su responsabilidad civil) pueden ser cuantiosas, sin perder de vista tampoco el daño reputacional que de todo ello se pueda derivar. Son muchos los ejemplos de casos de este tipo. En 2014, un abogado que defendió a dos perjudicados por la tragedia del camping ‘Las Nieves’ (Biescas) durante la tramitación de las actuaciones penales, tuvo que hacer frente a una importante indemnización. El Tribunal Supremo le condenó a pagar a sus clientes 840.000 euros por negligencia por no haber informado del sobreseimiento y archivo de la causa (auto que se notificó al procurador). La consecuencia fue que prescribió la posterior acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración
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Las empresas deberán tener un responsable de protección de datos a partir de mayo
El reglamento de protección de datos, que será de obligado cumplimiento desde el 25 de mayo, incluye la necesidad de designar a un responsable en las entidades que traten información personal o sensible. A poco más de 100 días para que el conjunto de países miembros de la Unión Europea empiecen a aplicar el contenido del nuevo reglamento general de protección de datos (RGPD), el rol del delegado de protección de datos (DPD) ha ganado importancia. Esta figura laboral resultará esencial para muchas compañías, puesto que el texto legal insiste en su obligatoriedad para todas las autoridades y organismos públicos, así como para empresas que realicen una observación habitual y sistemática de las personas a gran escala o que tengan entre sus actividades principales el tratamiento de datos sensibles.
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La Justicia exige ser pareja de hecho para cobrar la pensión
El Tribunal Supremo (TS) revoca la pensión de viudedad a una mujer casada por el rito gitano que no estaba inscrita en el Registro de Parejas de Hecho. El Alto Tribunal estima así el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social donde se presentó la solicitud de la pensión tras el fallecimiento en 2014 del hombre con el que estaba unida por dicho rito. La sentencia de 17 de enero de 2018, cuyo ponente es el Castro Fernández, establece que "la pertenencia al colectivo gitano no exime de cumplir los requisitos generales de la Ley de la Seguridad Social, de verificar que la pareja se haya constituido como tal con dos años de antelación al hecho causante de la pensión".
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