La regulación, junto con los usos y costumbres y las agencias y organismos públicos configuran el metamercado, que es el entorno en que se desarrolla la vida social y económica. En esa atmósfera, y siempre que se respetan los derechos, se cumplen los contratos y se aplican las leyes, la asunción de riesgos es más fácil y florece el mercado que da lugar al progreso económico y la libertad personal. Sin embargo, de igual modo que no podríamos sobrevivir en una atmósfera de oxígeno puro, el exceso de regulación frena la actividad económica y detrae recursos y tiempo de la actividad productiva para derrocharlos en cumplimentar formularios, trámites y gestiones que no añaden valor.

Junto con la rigidez laboral y la presión fiscal, la carga impuesta por la regulación explica el diferencial de crecimiento entra la UE y EE UU. Se ha dicho que en Europa hay riesgo de overegulation (regulación excesiva), pero no debe haber temor al respecto, pues de hecho ya hay exceso de regulación. Sin embargo, se da la paradójica situación de que esa exuberancia coexiste con áreas sin regular, a pesar del más solemne compromiso al respecto, como ocurre con la regulación del ejercicio del derecho de huelga, mandatado por la Constitución hace 27 años sin resultados hasta el momento.

Según la base de datos de Aranzadi, el número de leyes orgánicas y ordinarias, reales decreto-ley y leyes forales no derogadas y, por tanto exigibles, aprobadas desde el 1 de enero de 1862 hasta el 1 de enero de 2005 es de 9.927. El de reales decretos desde 1927 hasta 2004 es de 10.783. Y el número de reales decretos legislativos y de decretos legislativos (autonómicos) es de 152. En conjunto, el total asciende a 20.862. Quedan fuera las órdenes ministeriales y otros instrumentos de menor rango y, también, hay que añadir el flujo regulatorio procedente de Bruselas. Las empresas deben recurrir a asesores legales, fiscales y medioambientales, consejeros de prevención de riesgos laborales, de protección de datos personales y otros.

La regulación no es una panacea, puede ser una solución, ser inútil o ser un problema. La complejidad de las relaciones económicas y sociales hace que, como explicó George J. Stigler, esta sea su tesis fundamental: 'No sabemos cómo conseguir un objetivo concreto. Desconocemos la relación entre las políticas públicas que adoptamos y los efectos que esas políticas están orientadas a lograr'.

Esto es así por reacciones inesperadas y contrarias de las personas, por insuficiencia o exceso de dosis, por incoherencia con otras políticas o por no relacionarse con lo perseguido.

Las personas cambian de conducta y los vínculos que eran estables en el pasado no son eternos. En cambio, sabemos que el coste de cumplimiento de la regulación es alto y que, por tanto, antes de adoptarla debe tenerse en cuenta y si se duda del resultado lo mejor es abstenerse.

También se sabe que eliminar regulaciones redundantes y simplificar las existentes es una bendición. La prueba está en el proceso iniciado con las medidas de política económica de 1994: actualización de los alquileres congelados, flexibilización relativa del mercado de trabajo, privatizaciones, otorgamiento de independencia al Banco de España y control del gasto público, entre otras. Esa orientación se mantuvo y amplió con la conversión en norma del acuerdo interconfederal de 1997 que dio lugar al contrato de fomento del empleo. El resultado se plasmó en forma de convergencia con la UE en renta per cápita, reducción del paro, eliminación de déficit público y caída del peso de la deuda respecto al PIB. Nuevos avances en esa línea ayudarían a mantener el proceso.

En la actualidad hay aspectos preocupantes, no por vuelta atrás, sino por pasos en la dirección equivocada. Un caso es el Proyecto de la Comisión Europea para crear la Red Natura 2000, que protege zonas naturales (en algunas regiones españolas superan el 30% del territorio), limita las opciones de agricultores y otros usuarios del terreno, cercena prerrogativas municipales y autonómicas y afecta a la ordenación del territorio. La restricción al uso de la propiedad la devalúa y la limitación de actividades reduce la producción.

En el mismo sentido va el intento de regular la certificación de empresa responsable, de coste alto e impacto dudoso. Esa propuesta, cuando arrecia la competencia externa y hay un déficit exterior récord que alerta sobre las deficiencias a corregir, es inapropiada pues aumenta costes que no favorecen la presencia en el mercado y acota las mil vías por las que se pueden adoptar iniciativas para ir más allá de la ley en beneficio de la sociedad, con la ventaja adicional de evitar el fariseísmo que proclama los méritos propios reales o supuestos en un ámbito donde modestia y discreción son virtudes complementarias valiosas.

Joaquín Trigo (Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional)