El mercado laboral no puede seguir absorbiendo flujos migratorios espontáneos. Es precisa una solución antes de que afecte negativamente a nuestra economía.

La inmigración es un fenómeno común a las principales economías desarrolladas, pero en el caso de España se ha producido en un espacio temporal de unos pocos años y lo ha hecho de una manera brusca. Según el padrón municipal de 2005, en nuestro país residen 3.700.000 extranjeros sobre un censo total de poco más de cuarenta y cuatro millones de personas.

Es decir, los inmigrantes han pasado a convertirse casi en el nueve por ciento de la población española. En cuanto a su distribución actual, Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que más acogen. Según los datos oficiales, entre las tres hay cerca de dos millones de personas. Es decir, aquellas comunidades más dinámicas en servicios y construcción son las que atraen más inmigrantes.

La importancia para nuestro mercado de trabajo  lo demuestra el hecho de que la población extranjera tiene una tasa de actividad del 73,85 por ciento, frente al 56,12 por ciento de los españoles. La magnitud de su contribución a la economía la podemos comprender si atendemos a que cerca de un tercio de los casi 6,7 millones de empleos creados desde 1996 son ocupados por extranjeros. Según datos del servicio de estudios de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), el trabajo de los inmigrantes ha generado algo más del once por ciento del Producto Interior Bruto.

En sectores productivos concretos, como la construcción, su influencia es doble. Por un lado, uno de cada cinco trabajadores es inmigrante y son el 36 por ciento de los nuevos ocupados. Pero, atendiendo al consumo, la demanda de viviendas para comprar o alquilar por parte de este tipo de población se sitúa entre 750.000 y un millón.

Por lo tanto, este fenómeno ha sido uno de los motores del modelo de crecimiento extensivo de nuestra economía y su efecto demográfico ha logrado incluso retrasar el umbral de riesgo del mantenimiento financiero de las pensiones. Sin embargo, es irreal pensar que esta situación va a mantenerse así de forma permanente. Debemos actuar y aceptar el desafío de aprovechar las ventajas de una inmigración ordenada, legal y adaptada a las necesidades de las empresas.

Efecto social
Nuestro mercado laboral no puede seguir absorbiendo flujos migratorios espontáneos. Al mismo tiempo, tenemos que cuidar especialmente su efecto social para que no se produzcan circunstancias desagradables, como las acaecidas hace no demasiado tiempo en Francia. Porque no hay nada más antisocial que permitir que llegue un inmigrante a nuestro país con la idea de que va a encontrar un empleo y condenarlo a trabajar en la precariedad (salarios bajo convenio, falta de seguridad laboral, ausencia de garantías) de la llamada economía informal.

Resulta urgente que las autoridades aborden la regulación laboral de estos trabajadores y acometan un proceso ordenado de afluencia ligado a las necesidades del mercado de trabajo. Para ello, el mecanismo más útil es la contratación en sus países de origen de los perfiles demandados por nuestro tejido productivo. La idea sería que allí se produjera el reclutamiento, la selección y la formación, para que llegaran a nuestro país con un contrato. 

Es necesaria una apuesta decidida del Gobierno por agilizar la carga burocrática y poner en marcha mecanismos ágiles de contratación. Resulta crítico que la tramitación de autorizaciones se pueda hacer de forma más rápida. Aunque el nuevo reglamento permite una mayor adaptación, es difícil que, de forma general, sea tan rápida como exige el cambiante mercado laboral. La economía globalizada en la que estamos inmersos exige realizar de forma casi inmediata un ajuste exacto entre lo previsto y lo real.

Asimismo, es fundamental que las autoridades  busquen operadores con conocimiento que puedan corresponsabilizarse de esta tarea con eficacia y garantías. El reto está ante nosotros. Lo mejor es empezar a abordarlo ahora, antes de que se haya convertido en un problema y afecte negativamente a nuestra economía y sociedad.

Francisco Aranda
Secretario general de Agett.