El Gobierno quiere hacer una reforma de las pensiones basada en una idea: prolongar la vida laboral. Para ello, propondrá que todo aquel que llegue a los 65 años habiendo generado la pensión máxima, pueda cobrar más por cada año que siga trabajando hasta los 70 años. Además, el Ejecutivo pretende ser 'más generoso' con los incentivos empresariales para mantener a los trabajadores mayores en sus puestos. Si bien pretende disminuir la penalización de los jubilados anticipadamente de forma forzosa.

Cuatro de cada diez españoles se jubila antes de cumplir los 65 años. Esto supone una caída continuada de ingresos para el sistema que, de momento, es compensada con la constante llegada de nuevos trabajadores. Pero, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, a partir de 2015 la Seguridad Social registrará su primer déficit.

Ante esta situación, el Gobierno ha diseñado una reforma de las pensiones orientada, sobre todo, a tratar de lograr que los españoles prolonguen su vida laboral. Los responsables de la Seguridad Social negociarán ahora estas propuestas a empresarios y sindicatos, pero fuentes de Trabajo aseguran que aproximadamente un 70% de estas medidas están ya pactadas previamente.

Entre las medidas incentivadoras para seguir en activo, sugieren la posibilidad de que cualquier trabajador que llegue a la edad de jubilación (65 años) habiendo ya generado la pensión máxima pueda continuar cotizando y aumentando la cuantía de la pensión en un porcentaje -aún por delimitar- cada año hasta que cumpla 70. El trabajador deberá acreditar al menos 35 años de cotización. En la actualidad, sólo quien llegue a los 65 años habiendo generado una pensión inferior a la máxima puede seguir generando pensión hasta los 70 años o hasta que llegara a la pensión máxima antes de esta edad.

Junto a esto, Trabajo propone que los empresarios reciban bonificaciones en las cotizaciones de todos trabajadores mayores de 59 años. Ahora sólo reciben esta bonificación por los mayores de 60 años siempre y cuando tuvieran una antigüedad de cinco años en la empresa.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró ayer que el Ejecutivo está dispuesto a 'ser muy generoso' para que a los empresarios les compense más mantener a sus trabajadores en activo que prejubilarlos. Su objetivo es que parte de los 800 millones de euros que cuestan anualmente las jubilaciones anticipadas, se desvíen al pago de incentivos directos a los empresarios que emplean a mayores, y que ahora suman 300 millones al año.

El otro eje de la reforma consistirá en unificar paulatinamente los tipos y requisitos de jubilación anticipada. Así, la edad de acceso a este retiro serán los 61 años, con lo que se eliminaría la posibilidad actual de jubilarse a los 60 años a aquellos que hubieran cotizado antes de enero de 1967.

Además se exigirán, al menos 30 años cotizados para cualquier tipo de jubilación anticipada. Con esta existencia, el Gobierno pretende endurecer el acceso a la jubilación parcial, disponible en la actualidad con sólo 15 años de cotización. Las empresas usan masivamente esta modalidad para jubilar ya que los trabajadores mantienen una jornada laboral de sólo el 15% (dos meses al año) y cuando llegan a los 65 años se jubilan sin los coeficientes reductores que sí penalizan las jubilación anticipada convencional. Otra medida para dificultar este tipo retiro será aumentar esta jornada mínima que ahora se exige.

Resulta sin embargo paradójico que pese a querer desincentivar la jubilación anticipada, Trabajo también proponga ser más flexible con quienes acceden a este retiro de forma forzosa. Y quiera disminuir los coeficientes penalizadores que reducen entre un 6% y un 8% anual la cuantía de los que se retiran antes de los 65 años. Con ello, estos coeficientes serán del 6,5% anual más un 1% fijo. Así alguien que se jubiles con 61 años verá recortada su pensión un 26% frente al 32% actual.

Otras medidas de la reforma


1 Junto a la unificación de todas las modalidades de jubilación anticipada, el Ministerio de Trabajo quiere 'ser más flexible con los trabajadores que provienen de un despido que con quienes que pacten voluntariamente su retiro'. Si bien no especifica cómo lo hará. Lo que sí precisa es que 'se adoptarán medidas de mejora de las pensiones causadas antes del 1 de enero de 2002, por trabajadores despedidos con 60 o más años, que hubiesen acreditado 35 o más años de cotización'.

2 El Gobierno pretende llevar finalmente a cabo una reforma de la pensión de viudedad, que se hará en dos fases. En un primer momento redefinirán los beneficiarios de esta prestación 'para adecuarlos a nuevas realidades de familias'. Esto supondrá reconocer como beneficiarios a las parejas de hecho. En una segunda fase se fijará una fecha y todos los nacidos con posterioridad tendrán una nueva regulación de la pensión de viudedad que será incompatible con determinado nivel de renta.

3 Proponen modificar la regulación de fondo de reserva de las pensiones de modo que se consiga 'una gestión más flexible que obtenga mayor rentabilidad'. Esto sólo podría lograrse si, al menos, parte de este fondo se invirtiera en renta variable, frente a la actual gestión que compra directamente títulos de deuda pública, cuya rentabilidad está garantizada. Si bien en el Ministerio de Trabajo insisten en que sólo se trata de 'suscitar esta posibilidad' y precisan que no se hará sin acuerdo.

4 Las prestaciones por incapacidad también se verán afectadas por la reforma. Trabajo quiere evitar que la prestación por incapacidad permanente siga siendo una puerta falsa de acceso a la pensión de jubilación de carreras de cotización insuficientes. Para ello, pasarán a tenerse en cuenta los años cotizados para fijar la cuantía de la pensión.

5 Se estudiará incrementar la cotización de sectores con actividades penosas para que estos trabajadores puedan retirarse anticipadamente sin merma de la pensión.

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