Uno de los indicadores del grado de desarrollo social, económico y tecnológico de una nación es el índice de penetración de internet en los hogares, ya que refleja el desarrollo de la Sociedad de la Información en la economía de un país. A su vez, la utilización de esta tecnología beneficia a partes iguales a los ciudadanos, las empresas y las Administraciones Públicas, es decir, a los tres actores principales responsables del progreso de toda sociedad.

Dado que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (en adelante las TIC), desempeñan un papel crucial en la competitividad empresarial y, por tanto, en el incremento de la productividad y el empleo eficiente de los recursos, su fomento constituye un factor clave en el crecimiento de la economía.

II.- RÉGIMEN FISCAL

Lógicamente, dada la importancia de las TIC en el desarrollo económico y tecnológico de una sociedad, la política tributaria, en cuanto instrumento al servicio de la política económica de un país, no puede estar al margen de la realidad española (de acuerdo con las cifras difundidas por Eurostat, el porcentaje de hogares españoles con acceso a Internet está muy por debajo de la medida de la UE-15). Precisamente, debe ser unos de los instrumentos que garantice el acceso a las nuevas tecnologías, tanto de los ciudadanos como del sector empresarial, en particular de las PYME, por el especial peso específico que tienen en el tejido empresarial español. En este sentido, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 se recalcan de manera expresa estas circunstancias.

Con la intención de coadyuvar a incrementar el grado de utilización de las TIC, el ordenamiento tributario contempla una serie de incentivos fiscales, con dos grandes objetivos:

a) Específicamente para las pequeñas y medianas empresas: se fomentan las actuaciones que tengan como objetivo mejorar su acceso y presencia en internet, así como el desarrollo del comercio electrónico o la mejora, en general, de sus procesos mediante la incorporación de tecnologías de la información y de las comunicaciones.

b) Con carácter general: se fomenta la formación del personal de las compañías en el uso de nuevas tecnologías. Entre las finalidades de este beneficio fiscal, se encuentra la reducción de la brecha digital, entendiendo por tal la diferencia existente entre quienes utilizan las TIC como un elemento cotidiano de su vida, y quienes que no tienen acceso a dichas tecnologías, con las desigualdades que ello acarrea para acceder a la información y al conocimiento, y sus consecuencias de orden socioeconómico.

En este contexto, los incentivos fiscales que fomentan la formación del personal en el uso de nuevas tecnologías adquieren una especial trascendencia, ocupando un lugar preeminente entre los citados incentivos la deducción prevista en el apartado 3, artículo 40, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades --en adelante TRLIS--, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (B.O.E. de 11 de marzo). Como en reiteradas ocasiones ha señalado la Dirección General de Tributos --en adelante DGT--, en cuanto órgano encargado tanto de la elaboración de los proyectos normativos, como de la interpretación de la normativa vigente mediante la contestación a las consultas formuladas por los contribuyentes, dicha deducción tiene por objeto facilitar a las empresas la aplicación de políticas tendentes a habituar a sus empleados en la utilización de las nuevas tecnologías en materia informática y de tratamiento de la información. De este modo se contribuye a mejorar la posición competitiva y los niveles de eficiencia empresarial (por todas puede citarse la Consulta de la DGT de 19-12-2000, nº consulta 2378-00 ).

Este incentivo fiscal permite a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades deducir en la cuota íntegra del Impuesto el 5% --pudiendo llegar hasta el 10% si el conjunto de los gastos de formación excede de la media de los dos años anteriores-- de los gastos efectuados por la entidad con la finalidad de habituar a sus empleados en la utilización de nuevas tecnologías. Se incluyen entre dichos gastos los realizados para proporcionar, facilitar o financiar su conexión a internet, así como los derivados de la entrega gratuita o a precios rebajados (y de la concesión de préstamos y ayudas económicas) de los equipos y terminales necesarios para acceder a aquélla, con su software y periféricos asociados, incluso cuando el uso de los mismos por los empleados se pueda efectuar fuera del lugar y horario de trabajo.

Para analizar brevemente el contenido de este artículo 40.3 TRLIS, podemos distinguir:

Ámbito objetivo

A diferencia del resto de incentivos fiscales previstos para la formación del empleado (en los que se exige que las actuaciones vayan dirigidas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal, y que venga exigido por el puesto de trabajo), en este caso, teniendo en cuenta que la finalidad de esta deducción es que el trabajador se familiarice en el uso de las nuevas tecnologías, quedan excluidos de su ámbito de aplicación los gastos relacionados con activos e inversiones que sean utilizados, aunque sea simultáneamente, en la actividad productiva. Sería el caso de los gastos correspondientes a elementos entregados a los empleados para su uso fuera de lugar y horario de trabajo, cuando dichos elementos se afecten a fórmulas de organización empresarial que se aglutinan en la actualidad bajo el término anglosajón de home office (DGT 27-12-00, nº consulta 2440-00), equivalente a oficina en casa.

Es decir, el legislador otorga un tratamiento privilegiado a los gastos en los que incurre la empresa para dotar a sus empleados de equipos informáticos con conexión a internet, pero siempre que no se utilicen para trabajar, sino que la actividad formativa debe realizarse, con los medios proporcionados por la empresa, en su propio domicilio, que sería donde tienen cabida los programas de Hogar Conectado a Internet.

Por el mismo motivo, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta deducción la amortización anual de las inversiones efectuadas en las infraestructuras de comunicación necesarias para el acceso remoto desde el domicilio del empleado a la propia red interna del Grupo (sin perjuicio de lo que se señala más adelante).

Gastos e inversiones aptas para la aplicación de la deducción

Hasta el momento, la DGT ha considerado válidos todos aquellos elementos y servicios sin cuyo concurso resulte imposible el acceso a Internet, excluyendo a los que simplemente permitan un mejor aprovechamiento de la red. Sin ánimo exhaustivo, pueden señalarse los siguientes:

a) Adquisición de ordenadores destinados a los domicilios de los empleados, así como de los equipos necesarios para el acceso a internet. En este caso, darían derecho a la deducción los costes de instalación y mantenimiento de los equipos, así como, en su caso, los costes financieros derivados de la financiación ajena empleada en la adquisición (DGT nº de consulta 2378-00)

b) Instalación del sistema operativo, programas de ofimática, antivirus y el software de conexión a internet. En este caso, darían derecho a la deducción los costes de conexión y utilización de Internet (DGT nº de consulta 2378-00).

c) Los ordenadores portátiles, la agenda personal electrónica, el teléfono móvil y la pizarra electrónica, en cuanto que todos ellos permiten la conexión a Internet (DGT nº de consulta 0342-02).

d) Los elementos accesorios necesarios para la conexión a Internet, como: módem, instalación de red, elementos multimedia, monitor, servidores, etcétera (DGT nº de consulta 0342-02).

e) Los gastos consistentes en la cuota de alta, instalación, cableado, módem, tarjeta Ethernet y cuota de abono mensual de los 12 meses siguientes a la fecha de alta en el servicio a la línea ADSL (DGT nº de consulta 440-02).

f) El coste de los cursos de formación que se imparta a los empleados para el fomento de las nuevas tecnologías (DGT nº de consulta 2378-00).

g) Los gastos de amortización de las inversiones efectuadas en las infraestructuras de comunicación necesarias para el acceso remoto desde el domicilio del empleado a la propia red interna de la entidad, siempre que los contenidos de la red interna tendrán un carácter eminentemente social (DGT nº de consulta 2440-00).

Por el contrario, quedarían fuera del ámbito objetivo de aplicación de la deducción los periféricos o elementos útiles para trabajar en Internet, como grabadoras, escáner, cámara de fotos digital y cámara de vídeo-conferencias.

Ámbito subjetivo

Dado que la norma tiene como finalidad habituar a los empleados en la utilización de las TIC, quedan fuera de su ámbito de aplicación los gastos relacionados con empleados ya habituados a su uso, como sería el caso de personal que ya tuviera internet en su domicilio, y, por el mismo motivo, los supuestos de renovación de dichos elementos.

Fórmulas de financiación

En principio, es indiferente quién sea el propietario de los equipos, el empresario, el trabajador o un tercero –en el caso de renting, leasing, etcétera--, pero sí que es imprescindible que los gastos sean soportados por la entidad y que no sean repercutidos al trabajador (mediante detracción de sus nóminas o cualquier fórmula de efectos análogos).

No obstante lo anterior, no cabe considerar que se produce dicha repercusión en aquellos contratos en los que se estipule que una parte de la retribución del empleado se percibirá en especie mediante la adquisición por este de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado de bienes o servicios objeto de este incentivo fiscal, y que el resto de la retribución tenga naturaleza dineraria. A estos efectos resulta indiferente si se trata de contratos nuevos, o contratos previamente existentes que sean objeto de novación.

De igual modo, se entenderá que no se produce la repercusión de los gastos al trabajador en aquellos supuestos en los que, ofreciéndose al trabajador diversas alternativas retributivas, bien sean dinerarias o en especie, entre las que se incluya la posibilidad de adquirir determinados bienes o servicios que dan derecho a la aplicación de la deducción, el trabajador opte por esta última.

Efectos para el trabajador

Debe destacarse que este beneficio fiscal no se agota en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, sino que se proyecta, y probablemente adquiera un mayor potencial, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En efecto, los gastos realizados con la finalidad de habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías, tienen la consideración, a efectos fiscales, de gastos de formación de personal para la entidad y no determinan la obtención de un rendimiento del trabajo para el empleado.

Esto implica que el trabajador ve incrementada su capacidad económica, mediante la utilización, el consumo o la obtención, de bienes, derechos o servicios para sus fines particulares, ya que no debe olvidarse que se exige que no se utilicen para el trabajo, sin que al mismo tiempo tenga que soportar una mayor presión fiscal por estos motivos.

A modo de ejemplo, puede señalarse que para un trabajador medio, con una base liquidable de 14.076 €, para poder destinar 1.000 € a la adquisición de material informático para la conexión a Internet, necesitaría ganar 1.388,89 euros más, ya que después de impuestos, la renta disponible serían los 1.000 euros.

Por el contrario, mediante la utilización de esta fórmula retributiva, si el empleado dispusiera gratuitamente del material informático, en el caso de que la empresa lo financiase totalmente, tendría una renta libre de impuestos equivalente a la que necesitaría para poder adquirirlo él mismo (1.388,89 euros).

III.- CONCLUSIONES

Los beneficios fiscales aplicables a los programas Hogar Conectado a Internet (HCI) constituyen, sin lugar a dudas, un incentivo fiscal estratégico desde la óptica de la política tributaria, en aras de la disminución de la brecha digital, como medio para la superación del diferencial con los países de la UE en este campo y, al mismo tiempo, como medida de fomento de la competitividad empresarial de las empresas españolas.

Por ello, resulta de importancia capital que tanto los empresarios como los trabajadores tomen conciencia de su valía, para lograr de este modo la plena efectividad en la aplicación de estas medidas.

Francisco Javier Seijo Pérez, Subdirector General de Política Tributaria (Ministerio de Economía y Hacienda)