Lo peculiar de la sentencia es por tanto que el Tribunal admita el expediente realizado por Hacienda para condenar a la empresa sin que se incluya el nombre que quien realizó la denuncia, señalándose tan sólo que se trataba de una información anónima y ocultando.

La sentencia afirma que los inspectores pueden tener en cuenta las denuncias anónimas para posteriormente "iniciar actuaciones inspectoras, bien por propia iniciativa de la Inspección, bien como consecuencia de planes específicos de cada funcionario, equipo o unidad de inspección, o bien, sin sujeción a un plan previo, con autorización escrita y motivada del Inspector jefe respectivo". Y todo ello, sin que sea necesario recoger en el expediente el nombre del denunciante, o, lo que es lo mismo, abriendo la puerta a denuncias totalmente anónimas u ocultando la identidad del delator.

Algunos juristas interpretan esta sentencia diciendo que abre las puertas para que denunciantes anónimos, incluidos los propios empleados de la empresa que supuestamente comete fraude fiscal, puedan dar información a los inspectores de la Agencia Tributaria y que presenten denuncias amparándose en el anonimato.

Hay que recordar, en este sentido, que el nuevo Plan de Prevención del Fraude Fiscal va en esta misma línea ya que incluye la posibilidad de "llegar a acuerdos" para obtener información fiscal de determinados colectivos, entre los que destacan las empresas de la competencia, patronales o profesionales y empleados".