El Gobierno ha puesto en marcha una serie de reformas en el sistema tributario. En opinión del autor, es urgente realizar algunas importantes. Entre ellas destaca la del IRPF, la mayor prevención del fraude y, sobre todo, la reforma del impuesto de sociedades

La llegada del actual Ejecutivo al poder ha estado presidida, en materia tributaria, por el sosiego y la tranquilidad. Frente a lo que ha sucedido en otras ocasiones, el cambio de Gobierno no ha estado inmediatamente seguido por una reforma en profundidad del sistema fiscal. Tal vez se deba a la existencia de problemas políticos más acuciantes, como el debate sobre el diseño territorial del Estado. Pero una vez que estos se encuentran en vía de resolución definitiva -ya sea de un modo positivo o negativo-, parece que ha llegado el momento de afrontar reformas fiscales que resultan muy necesarias. Veamos lo que nos depara en este sentido 2006.

En primer lugar, debe resaltarse la reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal, que introduce una serie de reformas legislativas con el fin declarado de atajar la evasión fiscal en dos ámbitos bien conocidos: el sector inmobiliario y las tramas de fraude de IVA intracomunitario.

No obstante, el contenido de este anteproyecto es más amplio, ya que introduce reformas en determinados tributos -impuestos sobre sociedades o sobre la renta de no residentes- de carácter técnico, que poco o nada tienen que ver con la lucha contra el fraude. Asimismo, se aprovecha este texto para introducir determinadas modificaciones en la Ley General Tributaria. Como juicio global, nos encontramos ante una propuesta normativa que supone un retroceso importante en la normalización de las relaciones entre la Hacienda y los ciudadanos. No cabe duda de que el fraude fiscal debe combatirse, resultando un objetivo beneficioso para el conjunto de la sociedad. Pero no a cualquier precio. Y la propuesta que se ha formulado restringe, de manera importante, los derechos de los contribuyentes, creando supuestos de responsabilidad imprecisos e indeterminados, extendiendo al máximo la autotutela administrativa y limitando alguna de las garantías que había introducido la nueva Ley General Tributaria.

A título de ejemplo, y aunque suponga de algún modo una simplificación, se pretende hacer responsable de las deudas de IVA de los proveedores a todos los sujetos que realicen adquisiciones en situaciones económicas especialmente ventajosas. No obstante, se trata de una norma a la que aún queda mucho recorrido en su elaboración, por lo que parece previsible que se eliminen de la misma buena parte de sus aspectos más controvertidos.

En segundo lugar, el Gobierno aprobó el viernes el anteproyecto de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF). La misma gira sobre tres premisas básicas. La primera, afianzar en nuestro país un modelo dual de IRPF, que mantenga un tipo proporcional para todos los rendimientos derivados del ahorro y ganancias patrimoniales y uno progresivo para el resto de fuentes de renta (trabajo y actividades económicas, fundamentalmente). De esta manera, se ganará en neutralidad fiscal, ya que el actual impuesto privilegia determinadas fórmulas de ahorro (ejemplo: instituciones de inversión colectiva) frente a otras (todos los denominados rendimientos de capital mobiliario). Además, es muy posible que la mejora del tratamiento fiscal de los dividendos suponga un importante estímulo para la inversión en Bolsa. Por lo que respecta a la segunda premisa, la escala progresiva va a sufrir una reducción, tanto de tramos, incluyéndose un tramo cero, como de tipos de gravamen, con la intención declarada de beneficiar a las clases medias y bajas. Se trata, desde luego, de una medida digna de aplauso, toda vez que es este colectivo el que en la actualidad soporta el peso recaudatorio del tributo. Por último, se apuesta por una simplificación del IRPF, reduciendo parte de los incentivos fiscales que hay actualmente.

Los nuevos socios comunitarios han introducido un importante grado de competencia fiscal. Se corre un riesgo claro de deslocalización de empresas.

No obstante, la definitiva configuración del IRPF no sólo depende de esta reforma impulsada a nivel estatal. Habrá que esperar también a ver el diseño definitivo del sistema de financiación autonómica. Muy bien podría suceder que se ampliaran las competencias normativas de las autonomías. Si ocurre, como es probable, buena parte de los elementos esenciales del tributo serían objeto de regulación autonómica, por lo que habrá que esperar a su aprobación.

Pero el gran reto del sistema fiscal español es la reforma del Impuesto sobre Sociedades, iniciada también el pasado viernes por el Gobierno con una reducción del tipo de gravamen (de cinco puntos en cinco años). A estos efectos, es preciso tener en cuenta que la entrada de los nuevos socios comunitarios ha introducido un importante grado de competencia fiscal, ya que estos países tienen una imposición sobre los beneficios de las sociedades mucho más reducida que la española. Pero es que, además, ya existen ejemplos entre los antiguos miembros de la Unión que han acometido importantes reformas en esta materia. El caso paradigmático es el de Irlanda, donde el tipo de gravamen se encuentra en el 12,5%, frente al 35% de España. En este escenario, se corre un riesgo evidente de deslocalización de las empresas, buscando territorios que, con estabilidad política, ocasionen menores costes sociales y tributarios. Además, las empresas deben contar con un trato fiscal que les permita competir, al menos, en igualdad con el resto de las europeas.

El impacto negativo de estas medidas en la recaudación va a ser compensado mediante la introducción de un nuevo sistema de tributos ambientales -que, según parece, compartirán Estado y comunidades autónomas-, en los ámbitos de la fiscalidad de la energía y, posiblemente, del agua.

Para finalizar, también durante este año van a introducirse algunas otras reformas tributarias de menor calado. Dentro de ellas, la más importante es la aprobación del Reglamento de Aplicación de los Tributos, con el que se ultima el desarrollo reglamentario de la Ley General Tributaria, un año y medio después de su entrada en vigor. Se trata de una norma muy esperada, cuya concreta configuración presenta gran incidencia en las relaciones entre la Administración tributaria y los ciudadanos y que pronto se someterá a información pública.

Como se puede ver, nos enfrentamos ante un año fiscal repleto de modificaciones normativas que, una vez implantadas, dejarán un sistema tributario bastante distinto al que ahora conocemos. Esperemos que se acierte y se dote a nuestra economía de los instrumentos fiscales necesarios para mantener el crecimiento y su competitividad. Nos va mucho en ello.